La obligatoriedad de quedarnos en casa y de que los niños sigan sus clases a través de internet ha destapado un fraude masivo y generalizado, aunque las distintas administraciones de todos los partidos miren a otro lado, en las cuotas de los colegios concertados. Porque la gran mayoría de estos colegios le siguen cobrando una cuota que, oh sorpresa, es voluntaria. Sí, voluntaria. Y si usted deja de pagar esa cuota, no le podrían expulsar del centro ya que los centros concertados están obligados a impartir gratuitamente las enseñanzas, que es justamente lo que hacen en estos días. Así lo marca la Ley Reguladora del Derecho a la Educación, que rige su funcionamiento, en su artículo 51.
Lo que sucede es que en España los colegios concertados ocultan la voluntariedad de esa cuota. Así se desprende de un estudio encargado hace unos meses por la Federación de asociaciones de padres y madres, FAPA, y por Asociación de colegios privados independientes, CICAE. Las cifras asustan, pero casi nadie ha querido hurgar en un fraude masivo que afecta a miles de padres y madres e involucra a poderosos grupos de presión propietarios estos colegios concertados.
Según dicho estudio, el 100% de los centros solicita una cuota a las familias y en el 90% de ellos son obligatorias, a pesar de la prohibición expresa que señala la Ley. Y las cuotas no son precisamente asequibles, menos si se tiene en cuenta que deberían ser inexistentes.Los centros madrileños recaudan 153 euros de media (la horquilla va desde los 90 a los 205 euros), cantidad que, según este informe, alcanza los 3.000 euros por hijo y año cuando se añaden otros servicios como el comedor.
Claro que estos colegios pueden alegar que esa cuota sería por los servicios que prestan al margen de los meramente reglados. Entonces, ¿por qué muchos centros han girado la cuota íntegra estos días en los que los niños están en casa sin hacer más gasto que la recepción de las materias por vía telemática? Hay que recordar, o descubrir, que el sueldo de los profesores, administradores, y demás personal necesario para educar a nuestros hijos corre a cargo del Estado. Dinero público para pagar a nuestros profesores de centros públicos y concertados.
El coronavirus y la consiguiente suspensión de las clases ha puesto en evidencia que llevamos décadas ante un fraude sin paliativos. Por muy instalado que esté y por muy consentido que lo sea por parte de las Administraciones públicas competentes, los colegios concertados no pueden cobrar cuotas por los servicios educativos. Tan cierto como que todo el mundo sabe que lo hacen. El engaño de llamar a las cuotas voluntarias, cuando de hecho no lo son, no puede tapar el fraude.