El pasado sábado 7 de noviembre, el filósofo en cuyas manos recae el Ministerio de Sanidad, Salvador Illa, se sometió a una entrevista. El canal elegido fue La Sexta, admirable en su habilidad rayana en la alquimia para transmutar la realidad a conveniencia del gobierno.
Durante su puesta en escena, el licenciado en filosofía defendió el apresurado proceso de creación de una vacuna contra la COVID-19, enfermedad con una letalidad inferior a la gripe.
Sosteniendo que “se guían por criterios estrictamente científicos”, este ministro, cuyo gobierno jaleó movilizaciones masivas por el 8M para al día siguiente cerrar masivamente centros educativos y confinar todo el país esa misma semana, se sostuvo en dos argumentos principales.
El primero de estos fundamentos científicos consiste en que los gobiernos de otros países europeos también respaldan la idea.
El segundo, que en meses se están siguiendo todos los tiempos, controles y protocolos que hasta ahora han requerido años y años para permitir que una vacuna pueda recibirla la ciudadanía.
Sin embargo, no dio información alguna sobre dichos procedimientos.
Acerca del supuesto comité de expertos con el que justificaron el desguace económico del país y un liberticidio que no se veía desde la dictadura franquista, Illa respondió como viene acostumbrando sobre este y otros temas.
Filosofó y divagó sin responder a lo que se le había preguntado hasta que se pasó a otra cuestión.
En cualquier caso, el sapientísimo comité de expertos fantasma del Gobierno de España impone su criterio por encima de autoridades científicas pertenecientes al plano de la realidad.
Tal es el caso de la bioquímica investigadora Carmen Álvarez Domínguez, que advierte de la peligrosidad de fabricar una vacuna precoz.
Frente a muestras de escepticismo tales, el filósofo a cargo del Ministerio de Sanidad vaticina contundencia contra “los que dicen mentiras”.
Los que dicen mentiras. ¿Se refiere a Álvarez Domínguez? ¿O a la comunidad científica en general, cada vez menos temerosa de levantar la voz contra las políticas sanitarias de un gobierno que vuela hacia el totalitarismo cual polilla a una lámpara matamoscas?
La comunidad científica defiende unos buenos niveles de vitamina D como el factor clave para reforzar el sistema inmune frente a la situación del nuevo coronavirus. La correcta absorción de la vitamina D se da al recibir suficiente luz del sol.
Pero el gobierno insiste en que las pandemias se solucionan encerrando a la gente sana. Esto reduce la exposición a luz solar, la socialización y cualquier otra variable que fortalezca el sistema inmune.
Qué decir de la correcta oxigenación del organismo para el mantenimiento del sistema inmunológico. La población se ve forzada a embozarse y respirar ininterrumpidamente su propio aliento siempre que quiera tomar el aire. Un Estado cada vez más policial se asegura de ello con multas de hasta 600.000 € a quien ose inhalar aire limpio o cometer otros pecados de semejante índole.
Casi parecería que hubiera alguna razón oculta para obligar con tal severidad a la mascarilla, una medida que la Agencia de Salud Pública Sueca considera perjudicial para combatir el coronavirus.
¿Habrá también algún motivo oculto para que el gobierno esté coqueteando con la obligatoriedad de la vacuna contra la COVID-19? Cabe recordar que vacunas como la de la gripe, una enfermedad más letal, son voluntarias.
En definitiva, ¿contundencia contra los que dicen mentiras? A lo mejor se refiere a los que decían que no pactarían con el partido apologeta del terrorismo etarra Bildu, o a los que aseguraban que dimitirían si hubiera apertura de juicio oral por algún delito de corrupción en su partido.