El domingo 16 de agosto había convocada a las 19:00 una manifestación contra las medidas liberticidas del Gobierno de España basadas en un comité de expertos fantasma (recordemos que el filósofo a cargo del ministerio de Sanidad, Salvador Illa, sigue después de medio año sin dar más datos del mismo).
El acontecimiento tuvo lugar en la madrileña plaza de Colón, y fue comunicado con muchos días de antelación. Sin embargo, el delegado del Gobierno de España en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, no comunicó sino a última hora su resolución.
Esto fue el viernes, es decir, que el efecto de notificación fue el sábado previo al evento, imposibilitando todo recurso legal.
Como si esto no fuera aún suficientemente antidemocrático para su gusto, además advirtió que la manifestación tendría lugar de 18:00 a 19:00. Hizo así gala de una potestad que no le otorgan ni la ley orgánica ni la Constitución. Las manifestaciones se comunican para recibir protección policial, no para pedir permiso a Louis XVI.
A pesar de este aparente intento de boicot por parte del Gobierno (ordenando el fin de la concentración a la misma hora a la que estaba convocada, sin autoridad legal para tal cosa), hubo entre 5.000 y 8.000 asistentes de todo el país.
Poco importó, en otro arrebato censor, que se procediera al cierre de la estación de Recoletos, la más cercana al punto de encuentro.
Por lo demás, la manifestación transcurrió sin altercados. Los asistentes tuvieron un comportamiento ejemplar al que la policía respondió correctamente.
Los medios de comunicación oficianoicos cubrieron el evento con la objetividad a la que nos tienen acostumbrados (unos llamando zombis a los manifestantes, otros reduciendo una afluencia de miles a cientos, etc.).
Como las diferentes voces de un coro que, aun con distinto timbre, cantan al unísono la partitura que toca, muestran un claro consenso en algo: el derecho a manifestación es prácticamente equiparable al genocidio, particularmente cuando se defienden ciertas ideas contrarias al sistema.
Pasada ya la concentración, José Manuel Franco ha vuelto al ataque y anuncia que perseguirá por las redes sociales a los asistentes para sancionarlos por no llevar puesta la mascarilla. Esa mascarilla, que la propia OMS considera insuficiente para protegerse de virus y potencialmente perjudicial.
En definitiva, a pesar de toda la artillería del sistema en contra, desde el plano político a los medios de comunicación, miles de personas se congregaron en Madrid el domingo clamando pacíficamente por la libertad.